PUJA POR EL IMPUESTO INMOBILIARIO. Con los números de su contador en la mano, el presidente de la Rural dijo que por 303 ha hace 13 años pagaron $1.255, mientras que en 2017 deberán abonar $61.804. ¿Qué otra cosa aumentó tanto en el mismo tiempo?, se preguntó.
Aunque desestimó la posibilidad de que los productores vayan a movilizarse en contra del aumento del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), como trascendió apenas conocido el proyecto oficial, el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, consideró que el incremento que analiza la Legislatura es “desmesurado e injustificable”.
“Insistimos en que se está haciendo un ajuste desproporcionado que, como denunció el presidente de Cartez, Gabriel de Raedemaeker, será mucho mayor porque en el Presupuesto no se discrimina entre Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, donde figura un alza del 78% en el impuesto, y ya se sabe que el Urbano se aumentará en un 30%. ¿De dónde, sino del campo, saldrá el resto?”, se preguntó, para mostrar, números en mano, que “no es cierto que este ajuste sea necesario. Si se analiza lo que pagó un campo de 303 hectáreas en el año 2003 por el paquete que compone el IIR, que sumaba $1.255,50, y para 2017 se calcula un pago de $61.804,80, se ve que en esos años el aumento real fue de 49 veces: para ser más exacto, representa un 4.922,72% de aumento. ¿Hay algo más que haya aumentado tanto en 13 o 14 años?”.
Y lo comparó con una vivienda de 200 metros cuadrados, que pasará de pagar $1.462 en concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano en 2003 a 16.853,55 en 2017. Esto representa un incremento del 1.152,4%. “Después no nos vengan con que nos tuvieron congelados”, puntualizó.
Aclaró también que es una falacia pretender que el Gobierno se ocupa de los productores en emergencia por inundaciones, al decir que no pagarán el aumento del Inmobiliario. “Es totalmente falso, porque tarde o temprano lo terminarán pagando. Cuando termine la emergencia deberán afrontar el impuesto del año próximo, más el vencimiento prorrogado de éste”, afirmó, para añadir que uno de los aspectos que quieren negociar con los legisladores es que se modifique la ley de emergencia para que un productor que no tiene tanto daño como declararse en situación de desastre –con condonación de impuestos y deudas bancarias- pueda acceder a alguna quita proporcional al daño sufrido.
“Es por esto que me animo a decir que es poco probable que haya alguna expresión gremial de protesta. Con este Gobierno tenemos un muy diálogo que buscaremos canalizar en otros temas, mientras buscamos morigerar el impacto tributario en la Legislatura”, precisó. Y mencionó, entre ellos, la reglamentación de la ley de bosques, de importancia para reactivar la producción ganadera en el noroeste de la provincia y negociar la conformación de una comisión que administre o audite los fondos que se destinarán a obras de infraestructura, para que de una vez por todas se realicen los trabajos que permitan contener los excesos hídricos que llevaron a la pérdida de cosecha en unas 150 mil hectáreas en la provincia.
El Gobierno incluyó en el Presupuesto un fondo de $5.000 millones para infraestructura, cuando el IIR representa algo menos de $2.000 millones. Los productores esperan ver de dónde van a salir esos fondos y asegurarse que realmente se empleen con el propósito consignado.
Destacó Rotondo la unidad que está teniendo la Mesa de Enlace provincial, que permite que Cartez, Coninagro, Federación Agraria y la filial Córdoba de la Sociedad Rural Argentina puedan trabajar juntas y negociar en mejores condiciones con el gobierno cordobés.
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