El gobierno de Mauricio Macri sigue adelante con una controvertida medida que hace cuatro años impulsó Cristina Kirchner: recuperar para el Estado, con el argumento de que la venta se hizo en tiempos de Carlos Menem a un “precio vil”, el predio que la Sociedad Rural Argentina tiene en Palermo desde hace 139 años.
La intención, confirmada a LA NACION por fuentes de la Jefatura de Gabinete, quedó plasmada en una contestación de demanda que la Procuración del Tesoro envió el año pasado al juez que tramita la expropiación.
La causa para la expropiación había sido suspendida en 2013 por un recurso de amparo que después confirmó la Corte Suprema.
La discusión es por ahora meramente jurídica y en voz baja, pero cumple a rajatabla con una lógica no siempre respetada en la Argentina: la continuidad del Estado, que es el principio según el cual un gobierno no puede repudiar obligaciones suscriptas por su antecesor. La principal diferencia es el precio en que se hizo la transacción -30 millones de dólares, frente a 131,8 millones que estimó un peritaje de la etapa de instrucción de una causa penal paralela sobre el mismo tema- y el plazo de los pagos, incluida una renegociación que se hizo en 2001 y que dejó pendiente cumplir con tres cuotas que suman seis millones.
“¿Se dieron cuenta de que están defendiendo un decreto de Cristina?”, se quejó meses atrás, durante las conversaciones con funcionarios, uno de los abogados de la Rural. “Es que pensamos que es correcto”, recibió por respuesta.
En el Gobierno explican que seguirán con los pasos procesales hasta que se defina la cuestión de fondo. “El concepto es: no cambiamos nada hasta que se resuelva la causa madre”, explicaron ante la consulta de LA NACION. En la Rural defienden la operación y el monto. “La causa es tan absurda que nunca fue a juicio oral. El predio fue legítimamente comprado, tal como lo establecía el marco legal vigente. Si tienen dudas, que vayan a la Justicia, pero no pueden ser juez y parte por decreto”, dicen.
La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, ocupa el terreno de Palermo desde 1878 por un acuerdo con el Estado, que se lo vendió en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. La contestación de demanda que presentó la Procuración de la era Macri, que tiene fecha del 21 de abril del año pasado y lleva la firma del jefe de ese organismo, Carlos Balbín; de la subprocuradora, Susana Vega, y de los abogados Arturo Abriani y María Fernanda Arcuri, coincide con Cristina Kirchner en la “invalidez” del decreto de Menem (el 2699). “Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable, es decir, un acto irregular”, afirma el documento, y enumera entre los “vicios” que no se haya calculado el valor del terreno a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exigía la ley 21.626, sino mediante una estimación de los bancos Hipotecario y Ciudad y de un consorcio de inmobiliarias. “El precio de la venta fue «vil», considerando el valor del Predio Ferial de Palermo”, agrega.
Otra de las objeciones de la Procuración es que para el traspaso se haya utilizado el sistema de contratación directa, un mecanismo que define como excepcional, sin justificar para eso “circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general” que lo ameritaran, algo que tampoco se hizo para explicar el “diferimiento del pago”. También que el predio se haya utilizado con fines comerciales y la celeridad con que se conformó la sociedad para adquirirlo: “Si bien formalmente se justificó que la venta se hacía por contratación directa porque la entidad adquiriente utilizaría el bien «con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios», los actores de la operación sabían que utilizando una sociedad anónima que conformaron el mismo día de la venta destinarían el bien a una finalidad comercial”.
En otro de los apartados, la Procuración afirma que es válido el decreto de Cristina Kirchner (el 2552). La entonces presidenta lo firmó el 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de recuperar el terreno, decisión que en su momento anunció el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el argumento de que la venta se había concretado “en una situación irregular por parte de la Sociedad Rural Argentina”. La medida se concretaba en un entorno de controversias entre el Estado y la entidad agropecuaria y políticamente convulsionado, en medio de saqueos a supermercados antes de la Navidad. Un año y medio antes, en junio de 2010, en una causa penal iniciada por la Asociación de Amigos del Lago de Palermo, entidad que también reclama el inmueble, el juez Sergio Torres había dictado varios procesamientos con un duro argumento: “Se han reunido elementos para sostener que estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo, y en ello han intervenido funcionarios de la administración central y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina”. El precio calculado en la etapa de instrucción de esa causa, 131,8 millones de dólares, fue incluido entre los considerandos del decreto de Cristina Kirchner.
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