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El campo rechazó la anunciada suba del Inmobiliario Rural en Córdoba

La Comisión de Enlace sostuvo que el proyectado aumento del 37% promedio “está muy por encima” de la inflación y reclamó a la Provincia que rediseñe el Estado para “eficientizar el gasto público”

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba rechazó ayer el anunciado aumento del 37 por ciento promedio en el Impuesto Inmobiliario Rural, “muy por encima de la pauta de inflación”, al tiempo que señaló la necesidad de que el gobierno de Juan Schiaretti rediseñe la estructura estatal para “eficientizar el gasto público”, con el fin de “disminuir la presión tributaria” que pesa sobre el sector productivo.

Las entidades agropecuarias de la provincia de Córdoba sostuvieron en un comunicado que el país “necesita de un contexto que propicie el aumento sostenido de la producción y la generación de puestos de trabajo para superar la realidad socio-económica que padece, caracterizada por una alta tasa de inflación, un escaso y costoso acceso al crédito y un tercio de su población por debajo de la línea de pobreza”.

Sin embargo, criticaron la política tributaria que desde algunas provincias se está diseñando para 2018, y que, según dijeron, “no parece favorecer ese imprescindible clima de inversión y crecimiento inclusivo”.

En ese marco, advirtieron que el gobierno de Schiaretti “parece decidido a postergar, una vez más, ese ciclo virtuoso”.

La Comisión de Enlace -integrada por la Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Cartez (en la foto, su presidente, Gabriel de Raedemaeker en nuestra Rural)- recordó que desde 2001 hasta hoy, el impuesto territorial en Córdoba se ha multiplicado por seis, tanto en moneda fuerte (dólar) como a valor producto, y denunció que los productores “sufren a diario las consecuencias de que ese incremento desmedido del 600 por ciento no haya vuelto en obras de infraestructura que faciliten y potencien su capacidad de generar alimentos y energía para nuestro país y el mundo, al menos con la velocidad de concreción con que el Ejecutivo provincial las imagina y publicita”.

 

Presión tributaria agobiante

 

Las entidades del campo enumeraron una serie de problemas por los que vienen reclamando, como establecimientos rurales aún anegados, caminos intransitables, crecientes restricciones ambientales que acorralan al productor y “una presión tributaria agobiante”, un clima de inversión que, según advierten, no se verá favorecido precisamente si se aprueba el proyecto de presupuesto para el año entrante.

“Debe entenderse -alertaron- que todo incremento en la presión impositiva afecta la capacidad de inversión del productor, condicionando su continuidad en la actividad, generando caídas en los niveles de empleo y de demanda de mano de obra, ya que en este escenario inflacionario los sectores productivos son sometidos a un continuo aumento del costo de insumos insustituibles para la producción que se explica, en muchos casos, por el alza en su componente impositivo”.

 

A favor de una disminución

 

Las entidades argumentaron además que “una verdadera política de reducción de la presión impositiva no se concreta reemplazando un impuesto por otro sino disminuyendo, en términos reales, el agobio con el que el ingrediente tributario oprime, limita y condiciona la actividad”.

 

Por una reconsideración

 

Por ello, aunque rescató la disposición de las autoridades para diferenciar el impacto del mayor valor, segmentándolo, la Comisión de Enlace se pronunció enfáticamente en contra del incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural para el año próximo y apeló al sentido común del Poder Ejecutivo para reconsiderar el proyecto antes de su envío a la Legislatura unicameral.

Mientras tanto, entidades ruralistas bonaerenses le pidieron ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal que reconsidere el incremento del 50% del Impuesto Inmobiliario previsto en el presupuesto para 2018 y señalaron que se trata de un “desproporcionado e incomprensible aumento”.

El ajuste previsto en el impuesto para el sector agropecuario “va en sentido contrario de los anuncios para bajar gradualmente la carga tributaria y mejorar la competitividad de la economía”, indicó la Sociedad Rural de 25 de Mayo.

PUNTAL

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