Sin embargo, quien asuma en la Casa Rosada el gobierno el 10 de diciembre próximo sabe que necesitará dólares genuinos por exportaciones de bienes para reducir el endeudamiento externo. Y hasta que Vaca Muerta o los servicios no alcancen su maduración, el agro es el sector de la economía que está en mejores condiciones de proveerlos. El margen de maniobra para fijar nuevas restricciones que ahoguen a la producción es estrecho.
Aunque en Juntos por el Cambio afirman que darán pelea para revertir el resultado electoral que los dejó 15,5 puntos porcentuales abajo del Frente de Todos en las PASO, en varios círculos de la agroindustria comienzan a preguntarse si Alberto Fernández tiene alguna propuesta de política agropecuaria. Hace un mes, uno de sus principales asesores, Nicolás Trotta, recibió un informe sobre el sector, pedido a Jorge Neme, ex director del programa Unidad para el Cambio Rural (Ucar) y referente del gobernador de Tucumán, Juan Manzur.
En el documento, de 20 páginas, se afirma que la política agropecuaria del próximo gobierno “estará firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas”, y que “ha llegado el momento de diseñar el conjunto de instrumentos e incentivos para que todas las cadenas productivas alcancen los niveles de productividad y competitividad necesarios para llegar a los mercados, al interior y al mundo”.
Ensaya una suerte de autocrítica: “Sabemos que hemos cometido errores de los cuales hemos aprendido”. En particular, recuerda: “los problemas que se generaron con el trigo y la carne no resolvieron el precio al consumidor y afectaron seriamente estas producciones que representan el ADN de la producción nacional”. Insiste, además, con el concepto de “industrializar la ruralidad”, con el propósito de “promover la producción de bienes industriales de base agropecuaria y de bienes de capital que esas materias primas obtenidas con alta eficiencia requieren para ser transformadas en alimentos complejos, preparados o semi-preparados”. También dice que promoverán el riego, la agricultura familiar y las economías regionales, entre otros puntos.
Desde otra de las vertientes que apoyan a la fórmula Fernández-Fernández, el massismo, el vocal de Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, cree que es momento de implementar una política agropecuaria que trascienda los sobresaltos de la macroeconomía. “La grieta no existe; hay que volver a unir a los diversos actores del sector, el principal generador de divisas”, dice. Además, sostiene que hay que proteger a las pymes agroindustriales y reducir las tasas de interés que, tras la crisis, afectan a tamberos, contratistas y pequeños productores.
Por supuesto, los planes de los equipos técnicos tienen que hacerse compatibles con la realidad de la política. Una cosa son las buenas intenciones y otra la dinámica de visiones e intereses que pesan a la hora de tomar decisiones en el gobierno.
En el caso del Frente de Todos hay que tomar en cuenta al otro gran factor de poder de la fórmula que ganó el domingo pasado en las PASO: el núcleo duro del kirchnerismo que nació en el conflicto por la 125 y que cree su identidad está forjada por la confrontación entre sectores. Allí no se escuchan voces de autocrítica o intenciones de “tender puentes”. Habrá que ver como actúa, en caso de volver a manejar los resortes del Estado.
En el Gobierno creen que tienen margen para seguir peleando el resultado electoral en octubre próximo. El ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, dijo en Expoagro Corrientes que está dispuesto a debatir sobre política agropecuaria con el referente del Frente de Todos. “Está muy fresco el daño que le hizo el kirchnerismo al campo durante doce años”, dijo el funcionario. En la Argentina, dos meses pueden ser una eternidad.
Cristian Mira – LA NACIÓN
