Producir en el interior del país es una misión muchas veces imposible. A la falta de infraestructura básica, a la que hoy ya se puede incorporar la conectividad, se le suma un sinfín de obstáculos que vuelve inviables muchas alternativas que podrían significar opciones de crecimiento y desarrollo para regiones enteras de la Argentina.
Por supuesto que la situación de los caminos rurales en gran parte del país fue un tema que quedó por demás expuesto en un año con lluvias generosas. Hay producciones que requieren de esos caminos todos los días para entrar y salir de los campos, como el caso de los tambos, tal vez la más emblemática.
En pocas semanas más, las rutas volverán a colmarse de camiones cerealeros que viajarán al puerto y que ya empezaron a mostrar una frecuencia mucho más elevada que el año pasado debido a la mayor cosecha registrada durante ciclo. Son las mismas rutas de las últimas décadas, con un volumen de producción que, más allá de las coyunturas, continúa creciendo y elevando la necesidad de transporte. La falta de alternativas para trasladar esas cargas es notable. Además, la dependencia del transporte terrestre eleva los costos a tal punto que en determinadas zonas del país alejadas de los puertos, muchas producciones son prohibitivas; no porque no se puedan hacer y tener volúmenes aceptables, sino porque finalmente la renta se escapa con el flete.
Sobre esa renta, esta semana la Fundación Fada publicó su habitual informe en el que evalúa la ecuación económica de la producción de los principales cultivos y allí se observó un aumento del porcentaje de la renta que se lleva el Estado. Actualmente alcanza el 65% cuando a fin de año era del 59%. La modificación tuvo dos razones centrales y simultáneas: suba de costos y baja del precio de los granos. Es decir, el productor es que el invierte su capital, su esfuerzo, su trabajo, asume riesgos -especialmente climáticos- y al final del camino ve que el Estado pasa en ese momento y se queda con el 65% de la utilidad. Allí hay una gran materia pendiente que actúa como limitante del desarrollo y crecimiento del interior productivo. Y en eso hizo foco también la Mesa de Enlace esta semana al reclamar que “ante esta situación, es importante tomar medidas urgentes de tipo fiscal y, por ejemplo, como señal y estímulo para la próxima cosecha, la de anunciar ya una baja en los Derechos de Exportación, que promovería y daría la previsibilidad que incentive la producción y en consecuencia la economía del país”.
El campo no desconoce la situación del país y las urgencias fiscales, pero también sabe que la salida es con más producción y trabajo, y que eso se alcanzará con señales e incentivos. Ya se probaron durante décadas medidas que castigaron al sector y el resultado fue que Argentina se desenganchó de la expansión que vivieron, por ejemplo, algunos vecinos, como Brasil.
En esa línea, un castigo que perdura es aquel que penaliza a los productores que conservan un 5% o más de su producción sin vender, con tasas de interés más altas. Además de desconocer el funcionamiento del negocio agropecuario y la necesidad de muchos productores de contar con los granos para afrontar nuevos compromisos de pagos a lo largo del año, especialmente para la próxima campaña, es una decisión arbitraria y sin sentido.
Por último, y no menos grave, es imperioso revisar la decisión de facilitar importaciones de alimentos sin antes nivelar las condiciones en que se producen en el país para evitar el quiebre de muchos sectores, especialmente economías regionales.
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